Imaginemos por un momento que una empresa multinacional se ofreciera a construir gratis los edificios de todas las escuelas públicas de un país a cambio de colocar cámaras en cada pasillo, registrar qué libros lee cada alumno, monitorizar sus horas de atención, guardar copia de todos sus exámenes y seguir sus interacciones sociales para crear un perfil de su comportamiento.

Cualquier administración pública rechazaría la oferta escandalizada, tachándola de distopía totalitaria. Sin embargo, en el plano digital, esto es exactamente lo que ha ocurrido durante la última década en Europa, en España y, de forma muy evidente, en Cataluña. Bajo la seductora etiqueta del «coste cero», las herramientas de gigantes tecnológicos estadounidenses como Google (Alphabet) y Microsoft —como Google Classroom, Drive o Teams— se han convertido en la infraestructura invisible pero omnipresente del sistema educativo público.

¿Cuál es el verdadero precio de esta supuesta filantropía digital? El coste no se mide en euros, sino en la entrega masiva de datos sensibles de millones de menores de edad, sometidos a un perfilado algorítmico continuo durante toda su etapa de escolarización obligatoria.

La mina de oro en la mochila: El perfilado de menores

 El argumento habitual de las administraciones para justificar el desembarco de las Big Tech en las aulas es la eficiencia operativa y la facilidad de uso. Durante la emergencia de la pandemia de 2020, estas plataformas funcionaron como un salvavidas necesario para mantener la educación a distancia. Pero lo que comenzó como una medida excepcional se ha consolidado como un modelo estructural de capitalismo de vigilancia en la escuela pública.

Cuando un alumno de primaria o secundaria utiliza una suite corporativa para entregar una tarea, enviar un correo a un profesor o redactar un documento en la nube, no solo está cumpliendo con sus deberes; está alimentando una maquinaria de extracción de datos.

• Metadatos de comportamiento: Horas de conexión, velocidad de tecleo, tiempos de pausa ante una corrección o historial de búsquedas.
• Huella digital permanente: Se genera un registro histórico del desarrollo cognitivo, las flaquezas académicas, los intereses personales y las pautas relacionales del individuo antes incluso de que tenga la edad legal para consentir el tratamiento de sus datos.
• Entrenamiento de Inteligencia Artificial: En la era de la IA generativa, estos inmensos repositorios de documentos creados por estudiantes y docentes son un ecosistema idílico para entrenar los modelos lingüísticos y predictivos de las corporaciones de Silicon Valley, sin que exista una alternativa real de exclusión (opt-out) para las familias.

El peligro fundamental no es que un niño de diez años reciba anuncios personalizados de zapatillas en su correo escolar; el peligro es que se está normalizando la vigilancia institucionalizada y creando un expediente predictivo digital que acompañará al ciudadano durante toda su vida adulta.

La paradoja europea

 El contexto europeo actual presenta una contradicción flagrante. Por un lado, la Unión Europea abandera la privacidad global mediante el estricto cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y sanciona con multas millonarias pero no significativas para las empresas que vulneran la privacidad de los usuarios. Por otro lado, permite que los ministerios de educación de sus Estados miembros deleguen la soberanía de sus aulas en corporaciones sujetas a la legislación estadounidense (como la Cloud Act), la cual faculta al gobierno de EE.UU. a acceder a datos almacenados por sus empresas incluso si estos se encuentran en servidores europeos.

Frente a esta inacción institucional, la sociedad civil y los movimientos pedagógicos éticos en Europa han comenzado a articular una resistencia legal y política muy contundente.Organizaciones de derechos civiles como EDRi (European Digital Rights) presionan de forma constante en Bruselas para denunciar que el entorno escolar (EdTech) se ha convertido en un coladero legal donde el concepto de «consentimiento informado» de los padres es una ficción, ya que rechazar la plataforma de Google o Microsoft a menudo significa la exclusión del alumno del ritmo ordinario de la clase.

Países como Francia y Alemania han empezado a reaccionar gracias a la presión social configurando un frente de resistencia en Europa:

• En Francia, el movimiento impulsado por colectivos como Framasoft y su campaña «Dégooglisons Internet» (Desgooglicemos Internet) caló tan hondo que el Ministerio de Educación galo emitió recomendaciones firmes para detener el uso de las versiones gratuitas de Microsoft 365 y Google Workspace en las escuelas, instando al desarrollo de alternativas soberanas.
• En Alemania, la asociación activista Digitalcourage ha liderado batallas judiciales contra las autoridades educativas de varios Länder (estados federados), logrando que los comisionados de protección de datos declararan ilegal el uso de estas plataformas en las aulas por la falta de transparencia en la transferencia internacional de datos.

La realidad en España

 En el Estado español, la gestión de las competencias educativas está transferida a las Comunidades Autónomas, lo que ha generado un mapa fragmentado donde, por lo general, ha imperado la firma de convenios de colaboración opacos con las grandes tecnológicas. Los sindicatos de docentes (como la confederación STEs-i a nivel estatal o USTEC-STEs en Cataluña) llevan años denunciando que la infraestructura digital de la educación debería recibir la misma consideración, inversión y titularidad pública que los edificios escolares o los libros de text públicos.

Es precisamente en Cataluña donde ha nacido una de las respuestas técnicas y pedagógicas más avanzadas y coordinadas de toda la Unión Europea para combatir este expolio de datos. El actor más determinante en este panorama es Xnet (Instituto para la Digitalización Democrática), con sede en Barcelona. Lejos de quedarse en la queja teórica, Xnet —en colaboración con grupos de familias organizadas (AFA) y docentes— diseñó e implementó el Plan de Digitalización Democrática de l’Educació.

Este movimiento ético ha desarrollado una alternativa real y plenamente operativa: la suite DD (Digitalización Democrática). Se trata de un conjunto de herramientas educativas basadas en software libre y de código abierto (utilizando plataformas auditables como Nextcloud), donde los servidores son locales y el control de los datos permanece estrictamente en manos de la escuela y de la administración pública, imposibilitando el rastreo comercial o el perfilado algorítmico.

A este ecosistema de resistencia en Cataluña se suman cooperativas tecnológicas como Colectic o Som Núvol, que trabajan en los barrios ofreciendo formación digital crítica y servidores éticos para desvincular a las escuelas del monocultivo de Silicon Valley. Asimismo, instituciones históricas de la renovación pedagógica catalana, como la Associació de Mestres Rosa Sensat, han abierto debates de calado sobre cómo la pérdida de soberanía tecnológica deforma la propia pedagogía, sustituyendo el pensamiento crítico por la mera instrucción para convertir a los niños en futuros usuarios y clientes cautivos de una marca concreta.

El peligro de la homogeneización del pensamiento

 El coste de la gratuidad no es solo un problema de privacidad de datos; es, fundamentalmente, un problema pedagógico y democrático. Cuando un sistema educativo entero se educa bajo la misma interfaz, bajo el mismo buscador y bajo el mismo asistente de inteligencia artificial, se está produciendo una homogeneización del pensamiento.

El diseño de las plataformas de las Big Tech no es neutro. Está pensado para maximizar el tiempo de retención en pantalla, automatizar procesos cognitivos y guiar el aprendizaje a través de dinámicas que premian la productividad digital por encima de la reflexión profunda o la experimentación con herramientas diversas. Educar en la soberanía tecnológica implica enseñar a los estudiantes que existen alternativas, que el código puede ser público y modificado de forma comunitaria, y que internet no pertenece a tres consejos de administración ubicados en California.

Hacia una escuela pública, digital y soberana

La educación pública tiene la misión irrenunciable de compensar las desigualdades sociales y formar ciudadanos libres, críticos e independientes. No es coherente financiar con dinero público escuelas destinadas a la emancipación de los menores mientras se entrega la gestión de su intimidad y sus procesos de pensamiento a los mayores monopolios comerciales de la historia de la humanidad.

Los movimientos pedagógicos y éticos de Europa, de España y el ejemplo cooperativo de Cataluña demuestran que el camino hacia la soberanía digital educativa es posible, pero requiere de valentía política y presupuestaria por parte de las instituciones. La digitalización de la escuela no puede ser sinónimo de privatización encubierta de los datos de nuestros hijos. Si la infraestructura física de la escuela es pública, su infraestructura digital debe serlo también. Es hora de pagar el verdadero precio de nuestra libertad digital y dejar de aceptar los regalos envenenados de la falsa gratuidad.

Un Docente Bajo el Algoritmo, UDBA

15 de junio de 2026